Las campañas institucionales de las consultas para la aprobación de las reformas de los Estatutos de Cataluña y Andalucía vienen marcadas por la instrucción de obligado cumplimiento, de 31 de enero de 2005, de la Junta Electoral Central (JEC) sobre la campaña de información que los poderes públicos pueden hacer sobre el referéndum consultivo relativo al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa; que permitía a los poderes públicos poder realizar una campaña de información sobre el Tratado, si bien obligaba a que dicha información se limitase a informar con objetividad y pleno respeto al principio de neutralidad política, sobre el contenido de éste, eliminando toda clase de juicios de valor o lemas, tales como “Los primeros con Europa” u otras declaraciones que puedan, directa o indirectamente, influir en la posición o actitud de los ciudadanos.
El artículo cincuenta de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General permite a los poderes públicos que convoquen un proceso electoral realizar una campaña de carácter institucional destinada a informar a la ciudadanía sobre la fecha de celebración de la votación, el procedimiento para votar y la tramitación del voto por correo, siempre y cuando, estos mensajes no influyan en la orientación del voto de los electores, papel destinado a los partidos políticos.
Visto así, las campañas para las consultas sobre las reformas de los Estatutos de Cataluña y Andalucía, dejaban un margen muy reducido a los gobiernos autonómicos de ambas comunidades autónomas a la hora de planificar sus campañas institucionales, cuyo temor no era otro que el fantasma de la abstención. La otra alternativa era informar a través de los medios de comunicación y de publicidad institucional, sobre el contenido de los textos que se sometían al refrendo de los ciudadanos; pero la agenda mediática sobre este asunto parecía que ya estaba, y la precampaña electoral de las autonómicas en Cataluña y de las municipales en ambos casos estaban también sobre la mesa.
Comunicación política institucional. La reforma de los Estatutos de Cataluña y Andalucía
En la llamada “democracia mediática”, los medios de comunicación se han convertido en la principal fuente de información política de la que se nutren los ciudadanos, y que por tanto facilitarán su decisión de ir o no a votar y a quién o qué, según el tipo de elección. Al mismo tiempo, el marketing, las encuestas y la obsesión por parte de los distintos emisores políticos (partidos e instituciones) por controlar la agenda mediática han adquirido especial relevancia, dejando incluso en un segundo plano el debate de las ideas, y deteriorando la relación directa entre los gobernantes y los gobernados.
En líneas generales, a los españoles les interesa poco la información política. Menos de la mitad (48,2) muestra mucho o bastante interés por este tipo de noticias, si bien el 81 por ciento reconoce que tiene poca o ninguna confianza por las noticias políticas, según se recoge en el Informe Anual de la Profesión Periodística 2006.
Según el Barómetro del CIS de enero de 2005, el medio de comunicación preferido por los españoles para seguir la información política es la televisión (64 por ciento lo hacen todos los días), seguido de la radio (30,5) y la prensa (15,2). A estos datos, hay que añadir, antes de analizar cualquier campaña electoral, dos aspectos no menos importantes; los españoles reconocen que el principal motivo de su voto es la ideología (33 por ciento), y por tanto, como regla general podemos afirmar que su exposición, atención y retención de los mensajes políticos que les llega desde los medios es selectiva.
Decir que la agenda de los políticos no es la agenda de los ciudadanos es una expresión sofisticada de la idea de que los políticos van a lo suyo. Y la descalificación genérica de los políticos y de la política es una forma sutil y eficaz de debilitar el poder político frente a otros poderes. ¿Es la agenda de los medios de comunicación la agenda de los ciudadanos?
Desde que el Estatuto de Cataluña se aprobó en el Parlamento catalán, hasta las elecciones celebradas en noviembre, parte de la prensa española ha sostenido con insistencia que la reforma de los Estatutos no interesa a los ciudadanos y, sin embargo, paradójicamente, no han parado de hablar sobre este asunto, aunque, no en términos de aproximar los textos al ciudadano. Prueba de ello es que, dos semanas antes del referéndum del Estatuto de Cataluña, cuatro de cada seis ciudadanos reconocía no conocer el texto, pese a los ríos de tinta vertidos por los medios durante meses sobre el documento. Igualmente sucedió en Andalucía, donde dos semanas antes de la consulta, el 87,7 por ciento reconocía no conocer el documento, según un sondeo del CIS.
Los partidos tenían dos opciones para estas campañas: informar sobre los contenidos de los estatutos y los motivos de su posicionamiento de voto, o bien intentar movilizar al electorado en función de la identificación ideológica o de partido. Sin embargo, y pese al panorama descrito más arriba, los temas que monopolizaron gran parte de las dos campañas electorales fueron los temas, más alejados de la realidad de los ciudadanos: recursos ante Juntas Electorales, Tribunal Constitucional, división de España, etc.
El gobierno andaluz eligió una campaña institucional para informar de manera general sobre algunos contenidos del Estatuto () y para ello se apoyó en personajes famosos, como María Teresa Campos, Jesús Hermida, Paz Vega, Estrella Morente, Andy y Lucas y Fernando Tejero, que leían un fragmento del documento (sobre patrimonio, empleo, cultura, mujer, derechos), a lo que se le añadía el lema “Muy nuestro” primero y “Para Andalucía” después, junto con la frase “18 de febrero. Referéndum para la reforma del Estatuto de Andalucía. Hablamos de Andalucía”.
Los partidos de la oposición aprovecharon la campaña para promocionar a sus candidatos a la Junta, al mismo tiempo que se posicionaban con respecto al documento. La estrategia en este sentido era buscar la identificación de los votantes con el partido a la hora de refrendar o no el Estatuto, pero priorizando también el día después.
Así, Javier Arenas (PP) aparecía con una imagen sonriente y sin corbata en las vallas a favor del Estatuto junto con el lema Sí a una Andalucía de primera, el mismo que utilizan en su campaña municipal. Y el coordinador regional de IU, Diego Valderas, también aparece en primer plano, con corbata, junto al eslogan Porque le interesa a Andalucía, dile que sí. El secretario general del PA, Julián Álvarez, que ya destinó fondos propios de su partido para darse a conocer en una campaña publicitaria defendiendo el término nación en el Estatuto, evitó aparecer en esta ocasión en las vallas. Pero su fotografía se incluyó en la carta que enviaron a los electores en el buzoneo electoral con la papeleta del no, en la que también aparecerán los candidatos andalucistas en las ocho capitales de provincia.
Como se deduce de los distintos estudios postelectorales, las campañas realizadas por las instituciones y los partidos políticos en ambos casos no han logrado motivar al electorado, y por tanto no han facilitado el conocimiento de los textos que se sometían a referéndum. Más de la mitad de los ciudadanos catalanes (66 por ciento) y andaluces (75 por ciento) reconocen que han mostrado poco o ningún interés por la consulta. Al mismo tiempo reconocen también que la campaña no le ha servido ni para conocer mejor los textos que tenían que refrendar (76% de los andaluces y el 67 de los catalanes), ni para conocer las posiciones de los diferentes partidos sobre el mismo (67% en Andalucía y 55% en Cataluña) ni para decidir su voto (67% de los electores andaluces y 74% de los votantes catalanes).
El caso andaluz. Divergencias con la Junta Electoral Central
El referéndum para la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía suponía la primera vez, que la Administración pública no iba a fomentar participación de los ciudadanos, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, que ratificó una resolución de la Junta Electoral Central en contra de la campaña institucional de la Generalitat de Cataluña para la consulta de su Estatuto. Esta directriz obligó al gobierno catalán a cambiar su lema (18-J, vota). Había otro antecedente, la Junta Electoral Central también prohibió al Gobierno Central usar el lema Los primeros con Europa en la campaña institucional del referéndum de la Constitución Europea.
El gobierno andaluz optó por el lema “Muy nuestro”, toda vez que el documento, contaba con el respaldo de casi la totalidad de los partidos políticos con representación parlamentaria, con la excepción del Partido Andalucista (PA), que pidió el “NO” durante la campaña. Si embargo, pese al gran consenso alcanzado sobre el documento por las principales fuerzas políticas del arco parlamentario andaluz, no ocurrió lo mismo entorno a la campaña institucional, y PP y PA se negaron a participar en el acto de presentación de la misma. Los andalucistas llegaron más lejos y denunciaron ante la Junta Electoral Central el lema institucional al considerar que incluía juicios de valor y podía influir directa o indirectamente en la actitud de los electores.
La decisión de la JEC fue obligar a la Junta de Andalucía a retirar la campaña y la prohibición del lema “muy nuestro”, que fue sustituido por “Para Andalucía”. Entre los expertos, división de opiniones. Los constitucionalistas, Joaquín Urías (Universidad de Sevilla) y Agustín Ruiz Robledo (Universidad de Granada), coinciden con la JEC en que el lema “muy nuestro” se hace una llamada indirecta en positivo; mientras que el director del Instituto de Estudios Sociales de Andalucía, el sociólogo Manuel Pérez Iruela considera exagerada la decisión, porque el texto fue apoyado por el 95 por ciento de los andaluces a través de sus representantes en el Parlamento.
No obstante, también es cierto que sólo quien está informado se halla en condiciones de hacer efectiva su participación en unas elecciones, y en el caso de un referéndum las campañas de los partidos son subjetivas, y por tanto los gobiernos deberían ofrecer a los ciudadanos información neutral para que puedan decir de qué modo participan en la consulta. En términos de estrategia de comunicación la pregunta es, ¿estaba previsto que la JEC obligara a retirar el lema “muy nuestro”? ¿Era un elemento más de la campaña para que los andaluces supieran que el 18 de febrero se celebraba el referéndum? Siempre queda la tesis de que cuanto más ruido y polémica haya, más interés despertará entre los ciudadanos.
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